Dos extremas derechas en el Parlament catalán
La política catalana se vanagloriaba, años atrás, de no tener una fuerza de extrema derecha en el Parlament. Hoy ya no puede hacerlo. Con Aliança Catalana y VOX, Catalunya tiene dos formaciones de extrema derecha con representación parlamentaria. En este sentido, se ha convertido en una anomalía dentro del sistema de partidos europeo. En ningún otro país hay espacio político estable para dos extremas derechas.
VOX representa la extrema derecha española. Es jacobina y centralista. Niega la plurinacionalidad del Estado español. Mantiene una relación de continuidad con el franquismo y bebe de las peores tradiciones del catolicismo político. Es homófoba, racista y profundamente retrógrada. También es neoliberal en lo económico.
Aliança Catalana: similitudes y diferencias con VOX
Aliança Catalana es, en lo esencial, lo mismo que VOX, con dos diferencias clave. La primera no es de fondo, sino estética. Su discurso evita el machismo explícito y se presenta como LGTBIQ friendly. Esta estrategia no busca ampliar derechos. Sirve para captar voto femenino y, sobre todo, para reforzar un discurso racista dirigido contra las mujeres musulmanas que llevan velo.
La segunda diferencia es la relevante. Aliança Catalana se define como un partido independentista catalán. Ahí se sitúa el núcleo del debate político actual sobre la extrema derecha catalana.
Aliança Catalana y la acusación del CNI
A principios de año, Gabriel Rufián afirmaba en una entrevista en RAC1 que «Orriols es una victoria del españolismo, una victoria del CNI». Más recientemente, Oriol Junqueras se expresó en términos similares en el programa Salvados, presentado por Fernando González (Gonzo):
«Aliança Catalana no tiene nada de independentista. Si el Estado español y sus servicios secretos diseñaran una herramienta para debilitar el independentismo, se parecería mucho a Aliança Catalana».
A partir de estas declaraciones surge una pregunta inevitable: ¿es realmente Sílvia Orriols una agente del CNI?
Qué dicen los hechos sobre Aliança Catalana
Una respuesta estrictamente rigurosa es simple: no se sabe. A día de hoy no existe ninguna prueba que lo indique. Se trata, por tanto, de una acusación infundada. Sin embargo, esta acusación revela algo más profundo que el debate sobre los servicios secretos.
Desde hace más de una década, el independentismo hegemónico arrastra la necesidad de legitimarse desde una posición de superioridad moral. Parte de la idea de que solo puede existir un independentismo válido: el suyo. Todo lo demás debe ser negado o descalificado.
En ese marco, Aliança Catalana no puede ser independentista. No porque no lo reivindique, sino porque rompe un relato idealizado que asocia independentismo con valores abstractos como amor, justicia y libertad. Un relato que identifica la causa nacional con una forma de Bien moral incuestionable.
El problema político que plantea Aliança Catalana
El núcleo del problema no es el CNI. Es la incapacidad del independentismo procesista para combatir una fuerza que defiende la misma causa nacional desde parámetros reaccionarios. En lugar de afrontar esa contradicción, se opta por ignorarla o negarla.
La realidad es más incómoda. Existe el independentismo de extrema derecha. Y buena parte del discurso de Sílvia Orriols reproduce la misma narrativa épica y simplificada que el propio independentismo ha alimentado durante años.
Cómo confrontar políticamente a Aliança Catalana
A Orriols no hay que atacarla por ser española o catalana. Tampoco por ser o no independentista. Hay que confrontarla por lo que defiende políticamente Aliança Catalana.
Hay que interpelarla por su racismo. Por defender políticas de raíz fascista. Por justificar el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Y por articular un relato que protege a las élites económicas mientras culpabiliza a los sectores más vulnerables de una crisis que no han provocado.
Eso exige datos y rigor. Cuando afirma que «los inmigrantes no vienen a trabajar», miente. Las tasas de actividad y ocupación de la población migrante son, en muchos sectores, superiores a las de la población nacida aquí. Cuando asegura que «la mayoría de usuarios de servicios sociales son inmigrantes», vuelve a mentir. Los datos muestran que la población inmigrada hace un uso proporcionalmente menor de los servicios públicos y contribuye fiscalmente pese a trabajar en condiciones más precarias.
Aliança Catalana y los límites materiales del independentismo
Si se interpela a Aliança Catalana desde el marco independentista, no debe ser porque “no sea suficientemente independentista”. Debe ser porque articula un relato vacío y mesiánico. Un relato basado en consignas como «no nos rendiremos» o «iremos hasta el final».
Ese lenguaje evita cualquier análisis serio de la correlación real de fuerzas. Catalunya representa aproximadamente una sexta parte de la población del Estado y cerca de una quinta parte de su PIB. No tiene ejército, ni control de fronteras, ni reconocimiento internacional efectivo. Tampoco cuenta con aliados dispuestos a enfrentarse al Estado español. Ignorar ese contexto no es valentía política. Es infantilismo.
Negar la realidad fortalece a la extrema derecha catalana
Negar que Aliança Catalana sea independentista porque no encaja en una versión idealizada del independentismo es caer en la misma trampa que ella explota. Es negar la realidad cuando no coincide con los propios deseos. Ese es el terreno fértil de la conspiranoia y la posverdad.
Cuando se recurre a teorías sobre el CNI para deslegitimar a Sílvia Orriols, el efecto es el contrario. Se la refuerza. Se alimenta su victimismo y se desplaza el debate fuera del terreno incómodo: el de los datos, las políticas concretas y las consecuencias sociales de su proyecto. Basta con mirar la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que sitúa a Aliança Catalana en tercera posición, empatada con Junts per Catalunya.
Y si algún día se demuestra…
Si algún día se demuestra que Sílvia Orriols ha sido financiada por el CNI para debilitar el independentismo —aunque este ya estaba bastante desarticulado antes—, habrá que denunciarlo. Sería una prueba más del juego sucio de un Estado que niega de forma sistemática un principio democrático básico: la libre autodeterminación de los pueblos.
