Esta disonancia no es una sensación; es una evidencia estadística demoledora. España, y por extensión Cataluña, está fallando estrepitosamente en la protección de sus miembros más vulnerables. Y lo hace, además, en un contexto en el que los mecanismos tradicionales de protección —las rentas mínimas condicionadas— han demostrado su ineficacia operativa. Ante este escenario, la respuesta institucional, plasmada en la reciente Estrategia de lucha contra la pobreza infantil y en el informe del Comité de Expertos (CETIS), peca de una timidez incomprensible. Hay que hablar claro: sin universalidad, estamos condenando a la infancia a la precariedad y al país al invierno demográfico, escudándonos en debates morales sobre la “reciprocidad” que, aplicados a los niños, resultan sencillamente perversos.
El espejismo del crecimiento: datos que duelen
Si analizamos los datos más recientes de Eurostat sobre la privación material y social severa, el panorama es desolador. Nos hemos acostumbrado a oír que la economía va como un cohete, pero los datos nos dicen que el crecimiento del PIB no se filtra hacia abajo. La “marea que levanta todos los barcos” ha dejado a las embarcaciones más pequeñas varadas en el fango de la pérdida de poder adquisitivo y del imposible acceso a la vivienda.
La realidad en Cataluña es especialmente preocupante. Si observamos a la población total, Cataluña sale mal parada en la comparativa estatal. Los datos regionales de Eurostat muestran que Cataluña alcanzó una tasa de privación material y social severa del 8,6% en 2024, situándose por encima de la media española, que es del 8,3%. El deterioro en nuestro territorio ha sido mucho más acusado: mientras que España ha pasado del 7,7% en 2019 al 8,3% en 2024 (+0,6 puntos), Cataluña ha pasado del 6,5% en 2019 al 8,6% en 2024, un incremento de 2,1 puntos porcentuales. Es decir, la situación de privación severa ha empeorado en Cataluña más del triple de rápido que en el conjunto del Estado en el último lustro.
Esta fractura social tiene, además, un devastador sesgo de origen que no podemos ignorar: la población inmigrante está siendo sistemáticamente maltratada por el sistema. Los datos en España son inapelables: mientras que la tasa de privación material y social severa para la población nacida en el país (autóctona) fue del 5,6% en 2024, para la población residente en España nacida fuera de la UE esta cifra se disparaba hasta el 17,9%. Estamos hablando de más del triple. Esta brecha demuestra que nuestro modelo de “recuperación” se construye sobre la espalda de las familias recién llegadas, que a menudo sostienen los sectores más precarios del mercado laboral sin recibir a cambio una protección social digna.
0-5 años: el agujero negro de la natalidad
Pero si hay un dato que debería hacer saltar todas las alarmas es el que afecta a la primera infancia. En el segmento de 0 a 5 años, el periodo más crítico para el desarrollo humano, España es una anomalía negativa en Europa. Según los datos de Eurostat, somos el cuarto país de la Unión Europea con la tasa más alta de privación material y social para estos niños (20,5%), solo superados por Rumanía, Bulgaria y Grecia. Y lo más grave es la tendencia: somos el segundo país de la UE donde más ha crecido esta pobreza en los últimos años (4,5 puntos, solo por detrás de Alemania). Si observamos la tasa específica de privaciones materiales infantiles, la cifra es del 19,8% para menores de hasta 5 años y del 20,5% para menores de 16 años en su conjunto.
Los últimos datos de Eurostat muestran un empeoramiento de la pobreza infantil en Cataluña, especialmente entre los niños de 0 a 5 años, mientras las políticas públicas continúan apostando por rentas condicionadas.
Esta estadística es la clave para entender el drama de la baja natalidad en Cataluña y España, en mínimos históricos. A menudo nos perdemos en debates culturales sobre por qué la gente no tiene hijos, pero la respuesta es material: tener un hijo hoy en día es comprar muchos boletos para la pobreza. ¿Cómo podemos pedir a las familias que tengan hijos si el Estado es incapaz de garantizar que estos no caerán en privaciones durante sus primeros cinco años de vida? La baja natalidad no es solo un cambio de valores; es un mecanismo de autodefensa de las familias frente a un Estado que las deja a la intemperie en el momento de máxima vulnerabilidad. Y recordemos que la decisión de tener un hijo es posterior a otra de extrema dificultad también en nuestra sociedad: la de emanciparse para vivir en pareja o de forma autónoma.
La timidez incomprensible del CETIS y la Estrategia Catalana
Ante este incendio social, la Generalitat de Catalunya ha impulsado la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil 2025-2030 y ha contado con el asesoramiento del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS). El análisis que realizan es correcto en el diagnóstico: reconocen que el sistema actual de protección social tiene una capacidad redistributiva muy baja y que las rentas condicionadas como la Renta Garantizada (RGC) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) fracasan por el altísimo non take-up (miles de familias no las solicitan por desconocimiento, burocracia o estigmatización).
Sin embargo, cuando llega el momento de proponer soluciones valientes, el comité se encoge de forma incomprensible. En lugar de proponer una prestación universal por hijo (de 0 a 18 años) que elimine de raíz el estigma y garantice un suelo de ingresos seguro —como se hace y se ha demostrado eficaz en la mayoría de países de la UE—, el documento propone un “uso estratégico de la universalidad” extremadamente limitado: aplicarla solo en las primeras etapas de la infancia (por ejemplo, de 0 a 1 año).
Esta propuesta es decepcionante y contradictoria con los datos que acabamos de ver. Si sabemos que la privación en la franja de 0 a 5 años es crítica y está creciendo, ¿qué sentido tiene cortar la ayuda universal al primer año? La pobreza no desaparece cuando el bebé aprende a caminar. Limitar la universalidad a los recién nacidos es una medida cosmética que no soluciona el problema estructural ni proporciona la seguridad a largo plazo necesaria para revertir la caída de la natalidad.
Justificar esta prudencia por “limitaciones presupuestarias” en un momento de récord de recaudación fiscal es una decisión política, no técnica. Es decidir que la infancia no es una prioridad. Seguir apostando por “remendar” un sistema de rentas condicionadas que hace aguas es insistir en el error de la focalización, que siempre deja fuera del sistema a las personas más vulnerables —y muy especialmente a las familias inmigrantes con menor dominio de la burocracia—.
La batalla cultural: reciprocidad, condicionalidad y los niños
Más allá de los números, existe un debate de fondo que bloquea el avance hacia una prestación universal por hijo digna: el debate sobre la “reciprocidad”. Descartado el argumento de la imposibilidad de su financiación (después de ver cómo aparecen sin aparente dificultad miles de millones para incrementar el gasto militar), los detractores de la incondicionalidad sostienen que recibir una renta sin contraprestación laboral es moralmente cuestionable.
Este argumento, cuando hablamos de pobreza infantil, revela su crueldad. En primer lugar, debemos recordar un principio básico de justicia: los niños no son responsables de la situación de sus padres. Un niño de tres años no tiene “culpas” de mercado. No se le puede exigir reciprocidad laboral ni “esfuerzo” a cambio de comer o tener calefacción. Cuando condicionamos las ayudas o “paguitas” a que los padres cumplan ciertos itinerarios de inserción o requisitos administrativos, a quien estamos castigando realmente es al niño. Negar una prestación a un menor porque sus padres no han podido navegar la burocracia es violencia institucional.
Pero, además, hay que desmontar el propio concepto de reciprocidad. Existe una confusión interesada entre reciprocidad y condicionalidad. La condicionalidad es control y castigo (“te lo doy si haces X”). La reciprocidad, en cambio, es un vínculo bidireccional con la sociedad. Contribuimos de muchas maneras: con los cuidados, con la participación comunitaria, con la creación cultural. Una prestación universal por crianza no rompe la reciprocidad; al contrario, la hace posible en libertad, entendiendo estos ingresos como un “dividendo social” del valor de la tierra y de lo que hemos creado y seguimos creando colectivamente.
La necesidad de un cambio de paradigma
Los datos de Eurostat son una advertencia clara. El crecimiento macroeconómico de España se construye sobre pies de barro si dejamos atrás a nuestros niños y permitimos que Cataluña lidere el empeoramiento de la privación material. La propuesta catalana debe ser más valiente. No basta con universalizar de 0 a 1 año como reclamo burocrático. Es necesario romper con la lógica de la sospecha.
Si queremos recuperar la natalidad y, sobre todo, la dignidad, debemos entender que proteger de forma incondicional a los menores de 0 a 18 años no es un gasto, sino la inversión más básica en el futuro del país. Los niños no tienen que “merecer” ser protegidos; es su derecho. Garantizar este derecho es el mayor acto de reciprocidad que podemos hacer como sociedad.
Nota
No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
No pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
No pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
No tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos.
Ha tenido retrasos en los pagos de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad,…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.
No puede permitirse disponer de un automóvil.
No puede sustituir muebles estropeados o viejos.
No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva.
No puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones.
No puede permitirse reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes.
No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio.
No puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo.
No puede permitirse conexión a internet.
Los siete primeros conceptos se definen a nivel de hogar, y los seis últimos a nivel personal. Por otra parte, Eurostat creó en 2021 el indicador de tasa de privación material específica de los niños.
Este indicador específico se calcula cada tres años, utilizando los datos recogidos a través del módulo trienal del EU-SILC sobre “niños”, recopilados por primera vez en 2021. Permite calcular indicadores de privación material específicos para niños (menores de 16 años) y complementa la información anual utilizada para calcular el indicador AROPE y sus tres componentes, incluido el indicador de privación material y social, tal como se ha explicado anteriormente.
En total, se utilizan 17 ítems para calcular cada tres años la privación material infantil. En este caso, se considera que un niño está privado si sufre una carencia forzada de al menos tres ítems de los 17 ítems (sin ponderar). El indicador de privación material específica para niños se basa en las siguientes listas de elementos:
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Doce elementos de privación material específica para niños recogidos en el conjunto de tres variables anuales:
- Alguna ropa nueva (no de segunda mano)
- Dos pares de zapatos que le queden bien (incluidos unos zapatos para todo tipo de clima)
- Frutas y verduras una vez al día
- Una comida con carne, pollo o pescado (o equivalente vegetariano) al menos una vez al día
- Libros en casa adecuados para su edad
- Equipamiento de ocio al aire libre
- Juegos de interior
- Actividades de ocio regulares
- Celebraciones en ocasiones especiales
- Invitar a amigos a jugar o comer de vez en cuando
- Participar en excursiones escolares y eventos escolares que cuesten dinero
- Ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año
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Cuatro variables del hogar recogidas anualmente:
- Sustituir muebles gastados
- Capacidad para afrontar retrasos en los pagos (en pagos de hipoteca o alquiler, facturas de servicios públicos, cuotas de compra a plazos u otros pagos de préstamos)
- Capacidad para mantener el hogar adecuadamente caliente
- Tener acceso a un coche/furgoneta para uso persona
3. Una variable de privación material recogida anualmente a nivel individual para adultos del hogar:
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Tener conexión a Internet (si al menos la mitad de los adultos del hogar no tienen este artículo, se considera que el niño no lo tiene)
