La “vivienda social” es uno de esos conceptos de uso común del que, de forma general, todos tienen una idea preconcebida sobre su significado. Sin embargo, cuando se somete a un análisis riguroso, se descompone en diversas formas y tipologías que dificultan la comprensión de lo que inicialmente parecía algo evidente. A veces, el término está cargado de concepciones ideológicas positivas; otras, se utiliza como un arma arrojadiza contra los oponentes.
Algunos pensadores han rastreado los orígenes de la vivienda social hasta el pensamiento del mismo Platón. En el libro III de la República, el creador de la filosofía occidental argumentó que los guardianes de su régimen utópico “no deben tener propiedad privada ni casas particulares, ni bienes en común con los demás ciudadanos. No deben tener familia en el sentido habitual, ya que todos ellos deben vivir como si fueran hermanos, bajo las mismas leyes y en la misma comunidad”.
Desde esta perspectiva, la característica principal que define la vivienda social es su oposición a la vivienda privada. En otras palabras, la vivienda social rechaza la propiedad particular y se basa en la propiedad pública. De hecho, el preámbulo de la Ley de Vivienda de 2023 la define en términos similares a los planteados por el “padre” de la filosofía: “El parque de vivienda social está integrado por el conjunto de viviendas sobre suelo de titularidad pública, destinado al alquiler, cesión u otras formas de tenencia temporal, orientado, de manera prioritaria, a atender las necesidades de los sectores de población con mayores dificultades de acceso a la vivienda”.
La evolución de las políticas de vivienda social está íntimamente ligada a dos fenómenos históricos: el crecimiento demográfico –especialmente en zonas urbanas– y el desarrollo del Estado moderno. El catedrático e historiador Carlos Sambricio explica que el cambio de siglo trajo consigo un enfoque diferente sobre el problema: mientras en el siglo XIX se discutía la existencia de barrios obreros y su zonificación en los nuevos ensanches, a principios del siglo XX, la cuestión se abordó tanto desde una perspectiva arquitectónica como desde el reformismo político, con el objetivo de lograr una nueva “paz social”. Esto dio lugar a iniciativas como la Ley de Casas Baratas de 1911, considerada la primera legislación moderna de vivienda social. Posteriormente, se desarrollaron programas como las colonias de casas baratas impulsadas por Primo de Rivera, la Ley Salmón, las políticas de reconstrucción de viviendas entre 1939 y 1955, la lucha contra el chabolismo en los años 50, la implicación del sector privado durante el desarrollismo, y más recientemente, el interés en la rehabilitación y la mejora del espacio urbano.
Con todo, hay un aspecto que va más allá de esa definición inicial y tiene que ver con la palabra “social”. Según Txatxo Sabater, doctor en Arquitectura y profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya, la vivienda social puede pensarse no solo en función de la organización de los espacios y sus usos: “Cuando hablamos de vivienda social, hablamos de un protocolo en el que se establecen criterios de cogestión. Por ejemplo, qué espacios serán de uso comunitario, o soluciones como la instalación de contadores únicos, o la gestión compartida de la calefacción por eficiencia económica”.
Sabater advierte que, en la actualidad, existe un riesgo en el marketing asociado a lo “social”, ya que frecuentemente se presentan elementos como tales, pero en realidad son “operaciones propagandísticas” promovidas por la industria inmobiliaria. “Las soluciones reales de cohousing que ahora se presentan como pseudo-revolucionarias ya se implementaban en Dinamarca en los 70. Hoy día se habla de cohousing por todas partes, pero en edificios que ni siquiera tienen protocolos de uso compartido”, concluye Sabater.
Un ejemplo destacado es el arquitecto español Pablo Garrido, quien reside en Suiza y es profesor invitado en la prestigiosa universidad ETH Zúrich. Su despacho, PARABASE, recientemente ganó un concurso público para construir 150 viviendas sociales en Basilea, un proyecto que ha captado la atención internacional por su enfoque en el uso de materiales reutilizados para reducir al mínimo el impacto medioambiental.
Vivienda social: un asunto de prestigio
A diferencia de España, donde el porcentaje de vivienda social supone apenas el 2,5% del parque total, en Suiza –aunque aún lejos del modelo austriaco– este porcentaje se sitúa alrededor del 10% dependiendo del cantón, y alcanza hasta el 25% si se incluyen las viviendas cooperativas.
“En Suiza, tanto la vivienda social como las cooperativas tienen mayor capacidad para cambiar reglas e implementar tendencias en arquitectura residencial”, señala Garrido. “Esto es posible porque las viviendas sociales no buscan un beneficio económico inmediato como lo haría una inmobiliaria privada, lo que permite más libertad para diseñar soluciones habitacionales y espacios interiores con un enfoque en la dimensión social”.
Garrido destaca un aspecto de prestigio: “Aquí, las administraciones públicas compiten entre sí. Hay un elemento de orgullo regional que impulsa la innovación en la arquitectura pública”. Estos elementos invitan a reflexionar sobre la vivienda social desde una perspectiva de socioeficiencia, inevitablemente vinculada a una dimensión política determinada.
“Podemos pensar que la máxima eficiencia en las viviendas sociales no se limita al uso compartido de recursos, sino que debería partir de la premisa de que sus habitantes no tuvieran que abandonarlas y pudieran permanecer varias generaciones. Es concebir la vivienda social como parte de un capital más amplio que incluye relaciones personales y contribuciones a las dinámicas ecosociales de sus alrededores: barrios, pueblos y ciudades”, concluye Sabater.
