En defensa de la evaluación de políticas públicas, para legitimarlas

Y es que la eficiencia económica no solo tiene en cuenta el costo generado, sino también el resultado que se deriva de este; una situación eficiente es aquella que maximiza resultados manteniendo constantes los costos, o inversamente, que minimiza costos manteniendo constantes los resultados. Por lo tanto, es necesario analizar el remanente o la fracción, la ratio, entre ambas magnitudes para determinar si un incremento o disminución marginal del gasto público, o de los impuestos, es eficiente respecto al statu quo. Así, una disminución del gasto público y/o de los impuestos puede ser, sin duda, ineficiente si el ahorro directamente generado es menor que las pérdidas sociales que se derivan. Una definición tan trivial parece estar, hoy en día, fuera del radar del gobierno de Estados Unidos.

En las primeras clases del grado de Economía se expone que cualquier intervención estatal en los mercados da como resultado un equilibrio ineficiente. A este “enseñanza” se remiten, pues, los mileis de turno, autodenominados anarco-capitalistas, para justificar el uso casi indiscriminado de la motosierra. Sin embargo, hay un pequeño detalle que parece que algunos pasan por alto, y que quizás debería reiterarse más durante la enseñanza de la Economía: para hacer tal aseveración, se debe asumir que los mercados se encuentran en competencia perfecta. Y para que un mercado esté en competencia perfecta deben cumplirse exhaustivamente las siguientes condiciones:

• El bien o servicio que se ofrece en el mercado debe ser idéntico entre los vendedores.
• La entrada y salida del mercado debe ser completamente libre para compradores y vendedores; no debe haber barreras.
• Los agentes que interactúan en el mercado deben tomar decisiones siempre de manera plenamente racional, maximizando su utilidad y eligiendo la opción más eficiente, con expectativas homogéneas entre agentes.
• La información sobre los vendedores, compradores y el bien o servicio que se transacciona debe ser completa y gratuita; debe haber información perfecta para todas las partes involucradas.
• La transacción no debe generar externalidades, ya sean negativas (contaminación, etc.) o positivas (conocimiento, etc.).
• El bien o servicio transaccionado no debe ser público, es decir, no debe ser “no rival” -que alguien lo consuma no lo deteriora- y “no excluyente” -no se puede excluir a nadie de su consumo-, sabiendo que no se llega a la producción óptima social de un bien público solo a través de la iniciativa privada, por falta de incentivos.

Hace falta, tan solo, dos dedos de frente para darse cuenta de que, en el mundo real, generalmente es imposible cumplir con todas estas condiciones al mismo tiempo. De esto se da cuenta, como no podía ser menos, la economía neoclásica, la mainstream, la que se enseña en las aulas de Economía siguiendo los manuales económicos por antonomasia. También, como no podía ser menos, se da cuenta el padre de la Economía como ciencia moderna, Adam Smith, como queda reflejado en la tercera parte del capítulo 1 del libro V de “La Riqueza de las Naciones”. ¿Cuántos de estos autodenominados anarco-capitalistas quedarían sorprendidos con esta lectura, cuando se ha utilizado recurrentemente la figura de Adam Smith para justificar la falta de intervención estatal?

En relación con tal revelación, Adam Smith es, sin duda, un economista liberal, pero lo es en tanto que contrario a la intervención estatal “arbitraria”; a la intervención estatal sin fundamento de mejora de eficiencia. En otras palabras, podríamos decir que Adam Smith estaría de acuerdo con toda intervención estatal que acercara, en la mayor intensidad posible, los mercados al cumplimiento de las condiciones necesarias para estar en competencia perfecta, maximizadora de la eficiencia por sí sola, autónomamente (laissez faire…).

Esta visión liberal del papel del Estado, sin embargo, no justificaría la existencia y mantenimiento de ciertas políticas que forman parte del Estado del Bienestar, conquistado al salir de la II Guerra Mundial y en manifiesto retroceso, si no se demuestra su eficiencia; especialmente, aquellas con carácter redistributivo. Para hacerlo, es necesario admitir la preocupación social no solo por la eficiencia, sino también por la igualdad entre ciudadanos; igualdad que, por su respeto a la libertad de elección individual, puede resultar más atractiva en el terreno de las oportunidades, y no tanto en el de los resultados. Además, se podría argumentar que una mayor igualdad de oportunidades -y también de resultados- genera externalidades positivas porque, en última instancia, incrementa la cohesión social, redundando potencialmente en una mayor eficiencia en los mercados.

Aunque la igualdad de oportunidades plena es imposible, esta permitiría sostener el argumento meritocrático de que “cada uno está donde se merece estar”; cuanto más nos acerquemos a la igualdad de oportunidades real, como sociedad, menos motivos habría para quejarse de la posición social de cada uno. Y acercarse a ello depende de la acción del poder público, compensando la “lotería natural” del nacimiento mediante la garantía de unos mínimos de punto de partida para todos: vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, ingresos básicos, red de seguridad frente a la “mala suerte” -pensiones de desempleo, etc.- o “dictadura del tiempo” -pensiones de jubilación, etc.-…; lista que depende, en última instancia, de las preferencias sociales, enmarcadas en un sistema democrático y bajo el paraguas del respeto a los derechos humanos.

Hecha esta reflexión, llegamos a donde queríamos llegar: es necesario evaluar las políticas públicas -en gasto, ingresos, regulación y burocracia- para justificar que estas no son arbitrarias y, así, legitimarlas; o dar argumentos para modificarlas. Es necesario evaluar si los resultados de estas van en línea con los resultados deseados en primer término -por ejemplo, si las ayudas al pago del alquiler no derivan en subvenciones a los arrendadores-; en gasto público, es necesario evaluar si este vale la pena, ponderando el valor ganado según lo que se considera valioso socialmente -igualdad de oportunidades, de resultados, eficiencia…-. Y es que la evaluación debería ser un eslabón esencial de la cadena de la transparencia sobre qué se hace con los dineros que recauda el Estado; legitima que se nos cobren impuestos, si son para un buen uso, con retorno social positivo.

La evaluación, necesariamente, debe llevarse a cabo con el máximo rigor científico, no solo por la validez interna de las conclusiones que se deriven, sino también por su validez externa, en otros contextos espaciales y temporales, buscando evitar la repetición de errores. Para tal propósito, es necesario evitar que quien evalúe sea juez y parte; quien evalúa no puede tener relación con lo evaluado, pues la evaluación debe llevarse a cabo con la mayor imparcialidad posible. Así, las agencias públicas encargadas de la evaluación de políticas públicas necesitan subrayar su carácter de independencia respecto al decisor -véase el caso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF-, pues de este decisor depende, en última instancia, su financiación.

En este sentido, el sistema de peer reviewing con doble ciego -quien revisa no sabe quién ha hecho la evaluación, y los autores no saben quién es el que revisa- de la academia científica es el estándar al que se debería aspirar para garantizar el máximo rigor posible en la evaluación y, consecuentemente, la máxima validez posible de las conclusiones obtenidas. Con el viento a favor, por la creciente facilidad tecnológica en la obtención y el procesamiento de microdatos, la sofisticación de las metodologías de análisis empírico, y la priorización social de la cultura evaluadora -evidencia de ello es la potenciación de Ivàlua en nuestro país-, podemos ser optimistas y esperar una intensificación del esfuerzo evaluador, ampliando también su alcance.

La fortaleza argumental que proporciona una evaluación rigurosa de políticas públicas, analizando sus consecuencias y valorando si cumplen con su propósito, permite callar las voces que reclaman una “tala indiscriminada”. Incluso si la evaluación demuestra la no conveniencia de una política, el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que supone su evaluación debería legitimar, socialmente, que se dé al Estado la oportunidad de calibrar la intervención, en pro de acercarse al efecto deseado. Con evaluación, y rigor científico, podemos ayudar a frenar la motosierra.