En Cataluña contamos con un marco legal que deja poco margen para la ambigüedad. La Ley 5/2008, modificada posteriormente por la Ley 17/2020, establece explícitamente que impedir o dificultar el acceso de las mujeres a información veraz y necesaria para tomar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva constituye violencia machista.
Cuando una mujer sale de una consulta con información parcial sobre anticoncepción, cuando debe esperar meses para acceder al método elegido o cuando la decisión final recae más en la mirada del profesional que en el proyecto vital de la persona atendida, lo que falla es el reconocimiento de que estos derechos son, también, derechos humanos.
La Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas llevan décadas recordándonos que los derechos sexuales y reproductivos forman parte del derecho a la salud, a la integridad física, a la no discriminación y a decidir libremente sobre el propio cuerpo. Negar o dificultar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluida la anticoncepción, puede constituir una forma de violencia de género.
En la práctica, sin embargo, el acceso a la anticoncepción segura y gratuita sigue siendo desigual. El modelo de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) es un referente: equipos interdisciplinarios, liderazgo de matronas y atención a lo largo del ciclo vital. Pero la realidad en los centros muestra otra cara: agendas que no permiten un consejo contraceptivo sereno, territorios con tantas barreras que muchas mujeres no pueden usar métodos de larga duración.
Cuando una mujer debe elegir un método en pocos minutos, cuando su opción se enfrenta a recelos profesionales o a listas de espera inaceptables, el mensaje que recibe es que su derecho a decidir es relativo.
Sabemos, además, que esto no afecta a todas por igual. Los embarazos no planificados y las interrupciones voluntarias del embarazo se concentran en contextos de mayor vulnerabilidad social. No es que estas mujeres “tomen peores decisiones”, sino que disponen de menos recursos y herramientas personales, y las barreras de acceso les afectan con mayor intensidad, vulnerando sus derechos. Cuando la libertad reproductiva depende del código postal o de la realidad social y económica de la persona, ya no hablamos de decisiones individuales, sino de desigualdades estructurales.
En este escenario, el papel de las matronas es fundamental. Somos profesionales de proximidad, que acompañamos a las mujeres a lo largo de todo el ciclo vital: desde la adolescencia hasta la menopausia, en toda la vida sexual, en el consejo contraceptivo, durante el embarazo, el parto y el posparto, en pérdidas gestacionales, en problemas reproductivos y también cuando deciden no ser madres. Las matronas tenemos amplias competencias y, sin embargo, nuestra autonomía profesional no siempre se despliega hasta donde lo permiten la normativa y la evidencia.
Aún hoy, procedimientos como la inserción de DIU u otros métodos de larga duración dependen en exceso de la disponibilidad de un profesional concreto. Esto genera largas listas de espera, desigualdades territoriales y una sensación muy conocida por muchas mujeres: “según el centro que te toque, tendrás más o menos derechos”.
Diversas organizaciones científicas y organismos internacionales evidencian que la ampliación del rol de las matronas en la provisión de anticoncepción intrauterina es segura, eficaz y mejora la cobertura, siempre que haya formación y apoyo institucional. Es una cuestión de equidad y eficiencia.
La violencia obstétrica ha puesto sobre la mesa experiencias que muchas mujeres arrastraban en silencio: partos hiperintervenidos, tratos paternalistas y consentimientos informados más formales que reales. Pero limitarse al embarazo y al parto sería un error.
La violencia también puede adoptar formas menos visibles: por ejemplo, cuando una adolescente no encuentra espacios seguros para hablar de sexualidad y placer sin sentirse juzgada, cuando una mujer migrada no se siente respetada en sus creencias y valores, o cuando determinadas situaciones relacionadas con la violencia machista se diluyen bajo diagnósticos neutros que ocultan su complejidad.
Como matronas, somos testigos de estas escenas. Pero no basta con ser testigos. Tenemos un margen de acción que va mucho más allá: podemos revisar cómo hacemos las preguntas, cómo documentamos la violencia, cómo derivamos, cómo insistimos para que los circuitos funcionen, cómo incidimos para que los tiempos de consulta y los recursos sean dignos. Y, sobre todo, podemos hacer algo que ningún protocolo sustituye: creer a las mujeres y ponerlas en el centro de la decisión.
El 25 de noviembre no debe quedarse en un lazo morado y un tuit institucional. Es una buena fecha para preguntarnos, como profesionales: ¿cuántas mujeres salen de la consulta con más herramientas para decidir sobre su cuerpo? ¿Cuántas han recibido información sobre todos los métodos disponibles, no solo sobre los que el sistema encuentra más cómodos de gestionar? ¿Cuántas han sido escuchadas al explicar una situación de violencia?
Garantizar los derechos sexuales y reproductivos forma parte del núcleo de nuestro trabajo. Es prevención, es salud pública y es feminismo aplicado. Es un criterio para medir si el sistema de salud está a la altura de su compromiso con la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
La buena noticia es que sabemos por dónde empezar: fortaleciendo los ASSIR como espacios de referencia, consolidando la autonomía de las matronas conforme a la normativa, garantizando la disponibilidad de todos los métodos, formando equipos en derechos humanos y perspectiva de género y escuchando a las mujeres, de verdad, más allá de los formularios.
Las reivindicaciones del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres no pueden quedarse solo en la esfera pública o institucional; deben trasladarse también a las consultas. En este terreno tenemos a la vez una responsabilidad y una oportunidad: hacer que cada encuentro se convierta en un espacio donde los derechos sexuales y reproductivos no solo se enuncien, sino que se garanticen.
