La oposición agota los 30 días de margen para buscar gobierno alternativo, por lo que los números de BComú tiran adelante automáticamente. Es la última vez que la alcaldesa podrá activar el mecanismo esta legislatura, pues éste está vetado en año electoral (2019). Colau reduce el superávit del consistorio a 1,3 millones de euros.
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La administración catalana prevé que durante este mes se realicen intervenciones arqueológicas en municipios como Tàrrega, Soses y Mora d’Ebre. El pasado mes de noviembre el Departament d’Afers i Relacions Institucionals informó de la paralización del plan por el artículo 155 impuesto por el Gobierno central.
Jordi Amat, filólogo, escritor y autor de “La conjura de los irresponsables”
La Alianza contra la Pobreza Energética denuncia que las compañías hacen negocio con derechos fundamentales como el agua mientras hay familias que acumulan deudas. Han ocupado las oficinas de Agbar para reclamar que condonen la deuda de cinco familias
Personalidades como Joan Coscubiela, Marina Subirats o Josep Maria Vallès piden que los políticos catalanes presos por el proceso independentista salgan de la prisión. “Pese a discrepar de sus actuaciones políticas, afirmamos que la aplicación de dichas medidas es una decisión criticable por desproporcionada”, destacan.
Un grupo de activistas denuncia el uso de productos tóxicos en la fabricación de móviles a las puertas del MWC y las enfermedades para la salud que ello conlleva, como cáncer, leucemia, abortos espontáneos o malformaciones de nacimiento
Los adjudicatarios de las cinco viviendas rehabilitadas por Sostre Cívic han hecho una aportación inicial y pagarán siempre 480 euros al mes
En el análisis de España, también destacan que se reubicó a un número de solicitantes de asilo menor a lo prometido, que continúan los desalojos forzosos y el cierre de investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo
Las reflexiones de Amadeu Hurtado sobre el desdén de los políticos catalanes por el populismo fascistizante que recorría Europa constituyee una inquietante analogía.
Además de las razones pedagógicas y sociopolíticas, también las jurídicas y jurisprudenciales concluyen que la Generalitat es la administración competente para determinar la lengua de la enseñanza y que el alumnado tiene derecho a no ser separado por razones idiomáticas. La batalla se encuentra ahora en los recursos que aún debe resolver el Constitucional sobre la LEC y la Ley Wert.
