Durante la última semana de septiembre, en Barcelona asistimos a cierto despertar por parte de los grupos políticos con representación municipal. Transcurrido medio mandato y con la vista puesta en las elecciones de 2027, los distintos partidos comienzan a realizar movimientos estratégicos de cara a la futura contienda electoral. A la dimisión de la líder de Els Comuns, Janet Sanz, y la resituación de algunos líderes políticos, le sucedió una encuesta política elaborada por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico que avanzaba, entre otras, un incremento notable del apoyo electoral a Vox, así como la entrada de la ultraderecha de Aliança Catalana (AC) en el pleno de la corporación. De manera fulgurante, grupos que compiten por un electorado de similares características, el Partido Popular (PP) y Junts, saltaron a la palestra con una serie de propuestas políticas encaminadas a atraer para sí a esta masa de votantes.. El nivel de representación y la capacidad de trasladar un discurso por parte del PP es poco relevante en una ciudad como Barcelona, no así Junts, que, además de haber tenido los mandos del Ajuntament durante entre años 2011y 2015, fue el partido hegemónico de Catalunya durante décadas. Como no podía ser de otra manera, el heredero de Convergència i Unió (CiU) ha realizado una propuesta centrada en la seguridad y la migración articuladas alrededor de una propuesta de actualización de la Ordenanza de Convivencia.
Cabe recordar que, en 2023, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) llegó al gobierno municipal de forma inesperada pero con una máxima principal en su programa electoral: acabar con la supuesta situación de desorden y descontrol que habían dejado los anteriores ocho años de gobierno de Ada Colau (y donde, casualmente, ellos mismos habían participado como socios minoritario). Es por esto que, entre las primeras medidas puestas en marcha se encontró el conocido como Pla Endreça, Plan Orden en castellano. El Pla Endreça, el cual ha ido ganando en detalle, sofisticación y presupuesto conforme ha pasado el tiempo, es un conjunto de acciones, programas y normativas que mezcla, a través de un único instrumento de articulación política, actuaciones vinculadas a incrementar la limpieza de las calles y plazas de Barcelona, borrar grafitis, aumentar la presencia policial -pese a que la ciudad ve cada año como bajan los índices de criminalidad-, luchar contra el comercio ambulante irregular o eliminar comportamientos incívicos pero que, sobre todo, utiliza toda la capacidad comunicativa del consistorio -cartelería pública, inserciones en prensa, ruedas de prensa grandilocuentes, etc.- para dar a entender a los vecinos y vecinas de la capital catalana que, por fin, se está actuando sobre el desbarajuste heredado. La estrategia parece funcionar porque, por un lado, los barrios más pudientes de la ciudad, tal y como muestran las encuestas municipales, apoyan y valoran la labor del equipo de gobierno socialista y, por otro, el nivel de penetración de la idea de inseguridad y necesidad de limpieza ha alcanzado tal nivel que ambos aspectos, pese a las estadísticas oficiales contrarias, continúan apareciendo entre los principales problemas de la ciudad en los informes estadísticos oficiales. También parece funcionar, pese a las diferentes advertencias realizadas, que situar en un mismo plan de actuación suciedad, inseguridad y colectivos migrantes solo puede generar la sensación de que todos forman parte de un mismo problema: la ciudad está sucia y los migrantes nos invaden.
Dicha estrategia política sitúa al PSC en combate directo con la derecha nacionalista de Junts por el relato del orden y el control urbano. Pero hace algo más, obliga a Junts a ir un paso más allá, ya que si bien por el centro se ve cercado por los socialistas, por su derecha ve como AC le va ganando terreno. Así, Junts se dispone en una esfera tangencial al racismo y la xenofobia en sus propuestas.
Si la actual ordenanza de 2005 elaborada por el PSC situaba en un mismo plano simbólico suciedad y migración, bajo un talante totalmente neohigienista, Junts directamente quiere hacer constar las faltas administrativas que se puedan cometer al amparo de la ordenanza de convivencia como limitaciones a la hora de realizar determinados procesos de carácter administrativo, como los informes de arraigo que los migrantes necesitan para poder regularizar su situación en el estado español. La idea es dificultar la obtención de los mismos, o que mantengan un anexo estigmatizador, ante las autoridades de Extranjería, léase el Ministerio del Interior. A esto hay que añadir el uso de las más de 500 videocámaras que ya existen instaladas en las calles de la ciudad para asegurar que dichas infracciones sean impuestas. La idea, por tanto, parece ser que es perseguir a colectivos específicos. Otras propuestas de Junts pasan por asegurar el cobro de las sanciones o perseguir los grafitis -verdadera obsesión de los dos partidos políticos-.
Las exigencias de Junts se presentan como insoslayables si el PSC quiere sacar adelante la modificación de la ordenanza, pero los sitúa a ambos, en caso de que los socialistas acepten tal envite, en el área de juego de las fuerzas de extrema derecha que representan VoX y AC, una competición electoral que se analizará en el foro sobre el auge del fascismo que la Fundación Neus Català organizará los próximos 14 y 15 de noviembre. Las últimas encuestas, ya no a nivel municipal, sino autonómico y general, ya muestran indicios de que competir con estas opciones en el mismo plano programático solo comporta un trasvase de votantes hacía las mismas, por lo que insistir en éstas solo parece asegurar un futuro electoral negativo para partidos otrora moderados. Eso sí, mientras tanto, parecen sentirse muy a gusto atizando el fuego de la xenofobia por un puñado de votos.
