Las encuestas lo dejan claro: si hoy tuviéramos elecciones, los partidos de extrema derecha aumentarían su presencia en el Ayuntamiento de Barcelona. Crecen gracias a exvotantes del PP, de Junts i del PSC. Los discursos de odio que calan en algunos sectores de la población se transformarán en votos a VOX y Aliança Catalana (AC). Primero es la palabra y después, solo hay que esperar, llegarán los votos.
Los partidos de extrema derecha se fortalecen tras ganar la batalla del relato y conseguir que el PP, Junts per Barcelona y el PSC asuman sus planteamientos sociales y políticos, así como su marco discursivo.
Cuando los partidos mayoritarios asumen los marcos conceptuales de la extrema derecha, están creando las condiciones necesarias para su aterrizaje y su normalización.
La crisis económica que condena a la precariedad a grandes sectores de la población, la imposibilidad de acceder a una vivienda digna a un precio asequible, el auge de un individualismo que pone en cuestión los vínculos comunitarios, unas relaciones sociales cada vez más limitadas y la incertidumbre del futuro en un mundo polarizado alimentan los discursos de odio y dan credibilidad a las soluciones sencillas para problemas complejos.
A pesar del miedo de los partidos tradicionales a la fuga de votos, la asimilación de los marcos de la extrema derecha debilita su fuerza, mientras que la continua repetición de sus consignas alimenta y refuerza la narrativa reaccionaria. Es una dinámica perversa en la que siempre gana quien dice la barbaridad más grande.
La estrategia contra la fuga de votos ha consistido en intentar seducir a los electores que se iban, validando el punto de vista reaccionario, cuando lo que deberían hacer es negar su marco y ofrecer alternativas esperanzadoras.
En todo esto, el PSC de Barcelona juega un papel central, ya que desde el gobierno municipal está asumiendo discursos y políticas que reproducen los esquemas de la extrema derecha.
La primera gran propuesta del ejecutivo barcelonés fue el “Pla Endreça”. Un proyecto higienista que relaciona el desorden con la apropiación ciudadana del espacio público, y que lo vincula y mezcla con delincuencia y suciedad. Además, como hace la extrema derecha, señala que los culpables son los colectivos con vidas más precarizadas, que son los que más utilizan el espacio público. No hace falta ser experto para ver que este es el marco del autoritarismo reaccionario.
Cuando el PSC sostiene de manera reiterada que el distrito de Ciutat Vella es el “contenedor donde se vierte todo lo que Barcelona no quiere”, está diciendo que hay elementos no deseados que hay que ordenar: limpiar, poner en orden, reeducar, castigar, expulsar… Con esta narrativa, las personas en situación más vulnerable se transforman en una masa informe y los colectivos críticos en elementos disidentes.
La Ciutat Vella-contenedor alimenta y refuerza la narrativa deshumanizadora de la extrema derecha.
La ola reaccionaria que domina el mundo se caracteriza por el fomento del individualismo. Frente a esta deriva, la respuesta debe ser fomentar la autoorganización popular y la creación de red comunitaria, pero el gobierno del PSC está criminalizando a quienes se organizan y desprecia los proyectos autogestionados y comunitarios, abrazando los postulados del liberalismo más conservador.
Sus reticencias a desarrollar políticas feministas progresistas o los recortes en el ámbito de la memoria democrática, por ejemplo, profundizan en esta deriva reaccionaria del PSC.
Todo esto mientras anuncia que instalará 14 cámaras de videovigilancia en la plaza de Cataluña, y que llenará con más de un centenar las calles de Ciutat Vella y el Eixample, dando respuesta y asumiendo, al mismo tiempo, las demandas y la retórica conservadora que difunde la idea de calles peligrosas y desordenadas.
Asimismo, Partido Popular y Junts señalan quiénes son los culpables de este desorden, como hace la extrema derecha, cuando cuestionan los informes de arraigo emitidos por los Servicios Sociales —necesarios para acceder a servicios públicos— y cuando los nacionalistas piden, además, que el Ayuntamiento no pueda asignar una vivienda social a las personas que lleven menos de siete años empadronadas en la ciudad.
Estos son solo algunos ejemplos que ilustran cómo se difunde el marco conceptual de la extrema derecha en Barcelona, y cómo los partidos tradicionales son responsables de replicar el imaginario que valida las propuestas securitarias, antiinmigración y antidemocráticas.
Es necesario que los partidos tradicionales se distancien de las narrativas deshumanizadoras, que dejen de competir en el terreno del miedo, del castigo, del control y de la estigmatización, y vuelvan a poner la vida y la comunidad en el centro de sus políticas.
La seguridad no se consigue exprimiendo los discursos del orden, sino garantizando derechos y promoviendo la organización vecinal. Solo así podremos frenar la ola reaccionaria que nos quiere vulnerables y nos condena a un futuro de precariedades.


