Volver a hablar de un derecho tan básico ha venido, precisamente, de la mano de una mujer. Hablamos del máximo exponente de la libertad, a sus ojos. Hablamos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero, una vez más, apela y defiende la libertad que le conviene. En este caso, no la libertad de las mujeres para elegir si deciden o no abortar, sino la libertad de los médicos para decidir practicar un aborto o no. Además, en esta distópica narcisista que tiene, Ayuso se pone como ejemplo de los dos abortos que tuvo, ambos accidentales, y los equipara al mismo nivel que los de una mujer que no quiere ser madre y aborta por necesidad. Y es aquí donde la presidenta de la Comunidad de Madrid aprovecha y se jacta; ella, desgraciadamente, no pudo ser madre. Otros, desgraciadamente, no quisieron serlo y, tanto como a ella le gusta la libertad, se debe respetar.
El aborto es un trance difícil, nada agradable y en muchos casos traumático. Además, en otros casos es una necesidad cuando la persona gestante no desea tener un bebé, por las razones que sean. Por eso se legisló el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, para que todas las mujeres que lo necesiten, con las máximas garantías sanitarias posibles, puedan evitar la clandestinidad, no tener que costearlo y contar con apoyo clínico y psicológico. Muy lejos queda la época en la que las mujeres iban a Londres a abortar, mujeres de buena familia, claro, porque todas aquellas de clase trabajadora, en Londres y en plena dictadura franquista, ya te digo yo que no iban.
El aborto está contemplado en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Es crucial ofrecer este servicio, un derecho al que las mujeres deben poder acogerse. No obstante, hay comunidades autónomas que registran, en la sanidad pública, un número residual de casos de aborto no accidentales. Hablamos de la Región de Murcia, Castilla y León y, precisamente, la Comunidad de Madrid, comunidades donde gobierna el PP con el apoyo de VOX. Qué casualidad. ¿Cómo puede ser que en una región como Madrid, con casi 7 millones de habitantes, abanderada de las libertades según su presidenta, tenga ratios tan bajas en la sanidad pública de mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo? Andalucía y Madrid suman entre ambas casi el 50% de los abortos que tienen lugar en el Estado y, en ambas comunidades, el 99% de los casos se derivan a centros privados. Además, si ampliamos la fotografía y vemos los datos de todo el Estado de 2024, el 78,74% de los abortos se realizan en centros privados en comparación con el 21,25% que se hacen en centros públicos. ¿Por qué este desajuste?
La presidenta Ayuso ya nos dejó claro, en una de sus comparecencias en la Asamblea de Madrid, que no creará ninguna lista de objetores para el aborto, tal como le pidió el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Pero, ¿qué es esta lista? Queda patente, aunque no lo parezca, que el aborto es un derecho al que las mujeres pueden acogerse. No obstante, la ley que regula este derecho también ampara a los médicos y protege a todos aquellos que, por las razones que sea, no quieren practicar abortos. Esta lista no es una lista negra, sino que sirve para que las entidades sanitarias puedan saber con qué profesionales pueden contar, o no, en el momento en que una mujer necesita interrumpir voluntariamente el embarazo. Además, esta objeción es a título individual, es decir, los profesionales sanitarios pueden negarse a practicar un aborto, pero no el centro o la institución a la que pertenecen. En este caso, el centro sanitario tiene la obligación de buscar entre su personal un profesional que no haya manifestado esta objeción de conciencia. En ningún caso, el centro debe derivar a la paciente a otro. Eso sería lo más adecuado, lo que reconoce la ley, pero sabemos que no es así, y muy cerca de casa; el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un excelente hospital público de referencia en Barcelona, se niega a practicar abortos. La única solución y alternativa que proponen es derivar a la paciente a otro centro sanitario, con toda la exposición y sufrimiento que eso conlleva. Como he dicho, un médico puede negarse a practicar un aborto, pero no una institución, y mucho menos una como el Hospital de Sant Pau, una institución pública.
Barcelona en Comú se ha hecho eco de las quejas de distintos colectivos feministas que denuncian que el Hospital de Sant Pau se niega a practicar abortos. Este hospital está regido por un patronato en el que hay un representante del Ayuntamiento, para más inri. No podemos tolerar ni permitir que una institución como el Hospital de Sant Pau, un centro sanitario público donde el Ayuntamiento de Barcelona forma parte de su órgano de gobierno, se niegue a practicar abortos. Ante esta situación, y recogiendo las quejas de distintas asociaciones feministas, yo misma, en nombre de Barcelona en Comú, presenté una iniciativa en el consistorio para velar y asegurar que el Hospital de Sant Pau pueda practicar abortos, sin que estos sean derivados a otros centros hospitalarios. La medida contó con los votos favorables de Junts, el PSC y ERC. Como era de esperar, ni PP ni VOX secundaron esta iniciativa.
“Estamos en 2025 y todavía tenemos obstáculos para garantizar el ejercicio del derecho al aborto en nuestro país y en nuestra ciudad”, expuse cuando denuncié que el Hospital de Sant Pau no practica abortos. Parece mentira que, a estas alturas, tengamos que volver a defender y blindar un derecho tan fundamental y crucial para las mujeres y para la sociedad como es el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Pero esta situación es un síntoma inequívoco del retroceso que sufrimos a causa de las fuerzas de extrema derecha y de la derecha más reaccionaria. Un ejemplo más de cómo la sociedad y la izquierda debemos fortalecernos y blindar los derechos previamente conquistados, porque, como vemos, ningún derecho conseguido tiene la seguridad de que nunca pueda desaparecer. Ningún paso atrás.
