Un Plan para la Educación Democrática
El pasado 28 de octubre, el Govern de la Generalitat aprobó el denominado “Plan para la Educación Democrática”. Aunque han pasado ya cincuenta años de la muerte del general Franco, el Plan nace con el objetivo de intentar frenar entre algunos jóvenes el aumento de los discursos de odio, la desconfianza hacia el sistema democrático y el negacionismo o el blanqueo de las dictaduras y la represión. El Plan recuerda que, según el Barómetro de Opinión del CEO 2024, ahora hay más jóvenes que se identifican con opciones reaccionarias que en generaciones anteriores, y que el crecimiento de posiciones de extrema derecha es una realidad especialmente marcada en el caso de los chicos. El Govern quiere impulsar propuestas, especialmente en el ámbito educativo, para “mejorar el aprendizaje y fortalecer la cultura democrática”. Los centros escolares dispondrán del documento “50 razones por las que con Franco NO se vivía mejor”.
Medio siglo después de la muerte del dictador y cuarenta y siete años después de la aprobación de la Constitución, en un país como Catalunya —siempre considerado avanzado en la defensa de los derechos y la democracia—, el Govern debe adoptar un Plan especial para combatir la extensión entre algunos jóvenes de valores similares a los que inspiraron el franquismo. ¿Dónde podemos encontrar la explicación, sin olvidar, eso sí, que miles de chicos y chicas se declaran antifascistas y se han movilizado recientemente contra el genocidio en Palestina?
La extrema derecha cincuenta años después
Intentar entender lo que está ocurriendo es especialmente complicado e incluso doloroso para mi generación: vivimos nuestra infancia y parte de la juventud bajo una dictadura que prohibía y reprimía hasta el extremo —incluida la pena de muerte y el asesinato— toda actividad política o sindical, y que afectaba también al desarrollo personal en ámbitos como la educación, las relaciones humanas o las posibilidades de participar en actividades culturales o de ocio; una dictadura que marginaba la lengua catalana y que practicaba un secuestro legal de los derechos de las mujeres.
Con la recuperación de la democracia nos habría resultado difícil imaginar —pese a la falta de libertades en la antigua URSS— que en 2025 las dos grandes potencias que ochenta años atrás derrotaron al nazismo y al fascismo, Estados Unidos y la actual Rusia, estarían gobernadas por personajes autoritarios que profesan buena parte de la ideología de los regímenes vencidos en 1945, y que han enterrado las esperanzas generadas en momentos diferentes por Gorbachov u Obama. Tampoco habríamos creído posible que la extrema derecha española, que en las elecciones de 1979 quedó relegada al único escaño del fascista Blas Piñar (aunque una parte ya estaba escondida dentro del partido de Manuel Fraga Iribarne), tendría hoy 33 diputados en el Congreso y marcaría el paso del Partido Popular en el Estado y en muchas comunidades autónomas, de manera especialmente agresiva contra las personas migrantes o contra nuestra lengua. O que en Catalunya una extrema derecha xenófoba en crecimiento adoptaría dos caras: la españolista de Vox y la independentista de Aliança Catalana.
Es evidente que sufrimos en todo el mundo una ola favorable a los valores reaccionarios que inevitablemente tenía que afectarnos. Pero el hecho de que Catalunya y el Estado español vivieran una dictadura que se prolongó mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial otorga a nuestro caso unas características propias. Aunque no podemos analizar la extrema derecha como si no hubiera pasado el tiempo —porque han aprendido mucho, sobre todo a utilizar las redes sociales—, el fenómeno global se produce cuando nuestra sociedad aún sufre la influencia de un régimen que contaminó a un sector de la población, influencia que se ha mantenido y desarrollado después en personas que ni siquiera habían nacido cuando Franco murió: las encuestas hablan de un 20 % de la población seguramente heredera de quienes aplaudían al dictador en la Plaza de Oriente.
Demasiado tiempo sin políticas públicas de Memoria
Con la llegada de la democracia se trasladó a las instituciones el silencio que reinaba en muchas familias para no hablar de la guerra y de la dictadura. Desde los gobiernos se argumentaba la conveniencia de “no reabrir heridas”, olvidando que muchas heridas seguían sin cerrar. No se tuvo en cuenta el verso emblemático del poeta leridano Màrius Torres: “Yo quiero la paz, pero no quiero el olvido”. En Catalunya, los gobiernos de Jordi Pujol pasaron de puntillas sobre estas cuestiones, exactamente igual que lo hicieron los gobiernos españoles. Se perdió un tiempo precioso para fijar en la opinión pública un relato favorable a la democracia y contrario al franquismo.
No fue hasta 2004, con la llegada del gobierno encabezado por el president Pasqual Maragall, cuando la conselleria dirigida por Joan Saura impulsó políticas públicas de Memoria, atendiendo el llamamiento que la Asociación de Ex-Presos Políticos del Franquismo había hecho en 2002 en un emocionante acto celebrado en el Liceu de Barcelona. Así, en 2007 el Parlament aprobó la Ley del Memorial Democrático y en 2009 la Ley de Fosas, que sentaron las bases de las políticas que desde entonces ha impulsado la Generalitat. Aun así, todavía se produjo un retroceso: cuando CiU recuperó el Govern en 2010 pactó con el PP desmantelar casi por completo el Memorial Democrático. La diputada popular Alicia Sánchez-Camacho se jactó de haber suprimido aportaciones económicas “prescindibles como la destinada al Memorial Democrático”. La reacción de la Asociación de Ex-Presos Políticos del Franquismo, liderada por Enric Pubill, y de buena parte de la sociedad catalana obligó a CiU a rectificar el rumbo que la supeditaba a la visión negacionista de la dictadura practicada por el PP.
El Gobierno central y Cuelgamuros
En el Estado español, el PP —que no ha superado su dependencia ideológica y sentimental del franquismo— nunca ha querido impulsar políticas de Memoria; incluso, de la mano de Vox, está derogando leyes autonómicas en esta materia. El PSOE, cuando ha gobernado, se ha movido con excesiva prudencia. Felipe González tenía otras prioridades, que el tiempo ha acabado aclarando. La Ley de la Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero de 2007 se mostró pronto insuficiente y en 2022 fue sustituida por una norma más ambiciosa impulsada por el gobierno de coalición progresista. Ahora, por fin, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha podido solicitar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, que ha hecho apología del dictador desde 1976.
Un buen ejemplo de las limitaciones de las políticas socialistas de memoria lo encontramos en el Valle de Cuelgamuros, el monumento franquista llamado hasta hace poco Valle de los Caídos. En 2005, desde el Senado, Iniciativa per Catalunya-Verds presentó al gobierno del PSOE una detallada propuesta de “Transformación del Valle de los Caídos en un centro de interpretación de la historia”, elaborada por expertos de distintas disciplinas encabezados por el historiador Ricard Vinyes. A partir del estudio de experiencias de otros países, se proponía un giro radical en el enfoque del recinto: incorporar información explicativa desde una perspectiva democrática, trasladar los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, crear un Instrumento de Gestión de la Memoria Democrática y tipificar la apología del franquismo como delito. El PSOE guardó aquel documento en un cajón. Los restos del general golpista no se trasladaron hasta 2019 y los del fundador de Falange hasta 2023; y ahora, hace pocos días, se ha presentado el proyecto ganador del concurso internacional de ideas para resignificar aquel recinto, veinte años después de la propuesta de Iniciativa.
Revisando la Transición
También pueden haber influido en la situación actual las críticas exageradas y las desautorizaciones interesadas de lo que supuso la llamada Transición. La visión totalmente negativa del cambio de régimen fue defendida durante muchos años por grupos minoritarios antisistema. En Catalunya, el proceso independentista supuso que se sumaran a la crítica sectores nacionalistas que obviaban la aportación que Jordi Pujol y CiU hicieron a la superación del franquismo y a la aprobación de la Constitución. El movimiento del 15M también nació impugnando el “régimen del 78”, aunque después ha matizado un poco su valoración inicial.
No parece muy recomendable analizar un hecho histórico desde el “presentismo”, como si la realidad actual fuera la de aquel momento: cincuenta años después, desde la comodidad que supone tener garantizados los derechos fundamentales, es muy fácil criticar —sin intentar comprender todo lo que implicaba la dictadura— a quienes se jugaron la vida, el trabajo y la libertad para conseguir la democracia. Es paradójico que desde sectores contrapuestos se presente la conquista de la democracia como una operación diseñada desde arriba sin participación ciudadana —según la versión que intenta vendernos el rey emérito— o como una traición también desde arriba de los partidos y sindicatos mayoritarios, como suelen defender grupos que entonces eran casi irrelevantes. Miles de horas de huelga, innumerables manifestaciones y, incluso, muchas personas asesinadas —de Atocha a Barcelona, de Montejurra a Vitoria-Gasteiz— demuestran lo contrario.
Creo que la Transición y la Constitución de 1978 presentan muchas insuficiencias, entre otras, la pervivencia de la Monarquía sin un referéndum específico, la negación del derecho de autodeterminación de las naciones que forman parte del Estado español, el mantenimiento de las provincias, la configuración de un Senado que no es ni carne ni pescado o la ausencia de una reforma en profundidad de determinados aparatos del Estado, especialmente el poder judicial, error del que hoy estamos pagando las consecuencias. Pero eso no puede hacer olvidar cómo se produjo la Transición y con qué correlación de fuerzas, y que en aquel contexto era prioritario conseguir, como defendía la Asamblea de Catalunya, la libertad, la amnistía y la recuperación del autogobierno.
Ni el franquismo tenía capacidad para perpetuarse ni la oposición democrática disponía de suficiente fuerza para imponer una ruptura total. Fue la “correlación de debilidades” de la que hablaba Manolo Vázquez Montalbán. Lo advertía en el prólogo del libro La cuestión comunista (Fontamara, 1977) el dirigente del PSUC Jordi Solé Tura, tras la muerte del general Franco y antes de la aprobación de la Constitución: “La crisis y la descomposición final del sistema franquista se han producido en circunstancias muy diferentes a las del hundimiento del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia. Aquí, el franquismo no se ha derrumbado a causa de una guerra internacional perdida. Aquí no hemos tenido en la fase final del régimen un pueblo en armas ni una insurrección militar. Ha sido una lucha larga y compleja, a través de la cual el régimen se ha erosionado sin desmoronarse de golpe, y las fuerzas democráticas se han ido recomponiendo con un grado desigual de protagonismo”.
Por un activismo ilusionado
Soy consciente de que corren malos tiempos para los argumentos elaborados y que se impone el relato fácil y el exabrupto. Pero no podemos renunciar a las explicaciones complejas, aunque se necesitará mucha habilidad y pedagogía para hacernos entender. De entrada, es imprescindible que los gobiernos demuestren a nuestros jóvenes que dentro de un sistema democrático pueden resolverse problemas como la vivienda o el trabajo precario. El origen de las dificultades que padecen hoy muchos chicos y chicas no es la democracia, sino un modelo económico injusto, precisamente aquel que la derecha y la extrema derecha intentan perpetuar y acentuar.
Frente al avance de las opciones autoritarias y simplistas que generan desigualdades, como la de Donald Trump en Estados Unidos, toca promover un activismo ilusionado y políticas transformadoras como las que ha llevado a cabo Zohran Mamdani en Nueva York. Y ser conscientes de que la lucha por la Memoria Democrática, junto al papel del feminismo y el combate contra la emergencia climática, son los principales caballos de batalla contra la extrema derecha alrededor de los cuales debemos articular grandes mayorías, tal como nos enseñaron en épocas diversas Josep Benet, Enrico Berlinguer, Pepe Mujica o Claudia Sheinbaum.
