¿Qué es, exactamente, un genocidio? ¿Cómo se puede pensar más allá del momento del exterminio masivo y entenderlo como un proceso largo, incrustado en proyectos coloniales, en estructuras legales, en relatos históricos y en formas sutiles —o no tan sutiles— de violencia y desposesión? Estas son algunas de las preguntas que recorren Genocidios (Galaxia Gutenberg), un libro coral coordinado y editado por Júlia Nueno, que reúne voces del mundo del derecho, la historia, la arqueología, la geopolítica y la investigación forense para abordar casos como Palestina, Namibia o Sudáfrica desde una mirada crítica y profundamente política.
Nueno defiende que «el genocidio no es un acontecimiento puntual, sino un proceso mucho más largo», y vincula esta idea con la necesidad de repensar las herencias del colonialismo y su continuidad en el presente. Una continuidad que no pasa solo por la violencia militar directa, sino también por mecanismos aparentemente neutrales o incluso “humanitarios”: «en una crisis humanitaria, quien controla la distribución de la ayuda humanitaria es quien controla el territorio».
Hablamos del genocidio herero y nama en Namibia y de su paralelismo con Palestina, del concepto de Nakba y su relación con el sionismo, del papel ambiguo del derecho internacional, de la disputa por el relato a través de la arqueología y las imágenes vía satélite, y del uso de la inteligencia artificial en la producción masiva de objetivos militares en Gaza. Una conversación que no solo interpela al pasado, sino que obliga a mirar el presente —y el futuro— con otros ojos.
Sabemos lo que significó el régimen del apartheid en Sudáfrica principalmente gracias a la figura de Mandela; sabemos más o menos qué pasa —o qué ha pasado— en Gaza a partir de lo que aparece en los medios. En cambio, el caso de Namibia está mucho menos presente en el imaginario colectivo. ¿Qué aporta el genocidio de Namibia a la hora de repensar el propio concepto de genocidio? ¿Y por qué tiene sentido situarlo en una misma genealogía, o al menos en un mismo marco analítico, que Palestina o Sudáfrica?
Namibia es un genocidio contra grupos indígenas como los herero y los nama, en el territorio que hoy conocemos como Namibia, perpetrado por Alemania a principios del siglo XX. Es un genocidio poco conocido, pero sí ha sido reconocido por Alemania, que admite su papel como perpetradora.
A menudo queda diluido dentro de los proyectos coloniales europeos. Muchas fases de exterminio quedan mezcladas bajo la etiqueta general de “colonización”. Por eso es útil distinguir dos tipos de colonialismo: el colonialismo de explotación, que extrae recursos de un territorio y somete a la población a condiciones de trabajo casi esclavistas; y el colonialismo de colonos, que no solo explota, sino que también busca el reemplazo de la población autóctona y la apropiación de sus tierras.
Este segundo modelo es el que vemos tanto en Namibia como en Palestina. En Namibia, a día de hoy, el 70% de las tierras siguen en manos del 0,4% de la población blanca. En 1904, el gobierno alemán emitió una orden de exterminio contra los herero y los nama. Mucha gente fue asesinada, y los supervivientes fueron llevados a campos de concentración y obligados a trabajos forzados.
Pero el proceso empieza mucho antes. Uno de los argumentos del libro es que el genocidio no es un acontecimiento puntual, sino un proceso largo. En Namibia, antes de la orden de exterminio, la población ya había sido desplazada hacia zonas áridas, se les había desposeído de sus tierras y se habían construido asentamientos coloniales. Esto es muy similar a la historia que conocemos en Palestina desde la Nakba de 1948.
La diferencia entre documentar un genocidio a principios del siglo XX y documentarlo en el siglo XXI es enorme. En Gaza contamos con una explosión de fuentes digitales: vídeos, imágenes por satélite, redes sociales. Pero también hay una disputa por el relato: las víctimas documentan la violencia, pero los perpetradores también documentan sus acciones con su propia narrativa.
En el caso de Namibia contamos con muy pocas fuentes. Por un lado, las postales coloniales del ejército alemán, que muestran paisajes idílicos, sin cuerpos ni personas. Por otro, los testimonios de supervivientes y descendientes de supervivientes, que explican cómo vivían sus abuelos y antepasados, cómo se movían por el territorio, cómo funcionaban los ciclos de vida de esas comunidades ganaderas. Es a partir de esos testimonios que reconstruimos cómo la desposesión de la tierra hizo imposible la continuidad de su modo de vida.
A partir de lo que explicas, es inevitable pensar en otros territorios colonizados u ocupados, como el Sáhara Occidental, donde se producen formas de violencia sistémica que no siempre se conceptualizan como genocidio. ¿Vivimos un momento en el que es necesario ampliar o repensar el concepto de genocidio en el ámbito de las prácticas coloniales? Y, vinculado a eso, ¿qué papel juega la academia a la hora de legitimar determinados relatos o silenciar otras voces críticas?
Hay una jurista palestina, Sônia Boulos, que explica muy bien por qué muchas élites liberales israelíes, que pueden denunciar el apartheid o la ocupación, no pueden admitir que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Admitirlo implicaría revisar la Nakba del 48 y, en consecuencia, revisar su propio privilegio: qué significa que tu Estado nace a partir de un proceso de desplazamiento y exterminio. Esto ocurre dentro de la academia, pero también más allá. El “soft power” de Israel está muy ligado a su capacidad para construir relatos. Por ejemplo, Israel fue el primer ejército del mundo en tener un portavoz en Twitter. Es una forma de entender que la batalla es también narrativa, no solo militar.
El libro nace en un entorno académico, pero tiene la ambición de ir más allá: estamos trabajando en la producción de evidencias para la Corte Internacional de Justicia. No queremos solo construir un discurso académico, sino también aportar documentación que pueda ser utilizada en instancias legales donde se disputa qué es o no es genocidio.
Otra parte importante del libro es la afirmación de que el genocidio no es solo un concepto legal, también es un concepto político. Pongo un ejemplo: poner sobre la mesa que la destrucción de las condiciones de vida viene dada por procesos coloniales implica revisar muchos exterminios del pasado que no han sido reconocidos como genocidios.
En este contexto, ¿la academia sigue siendo un espacio disputable, o es ya un terreno prácticamente colonizado? Y, en paralelo, ¿por qué crees que en Catalunya se ha podido hablar de genocidio con más naturalidad que en otros contextos europeos?
Creo que dentro de la academia todavía hay mucho trabajo por hacer y mucho que disputar, sobre todo en cómo definimos los conceptos y en cómo entendemos la relación entre colonialismo y genocidio.
En cuanto a Catalunya, desde fuera tengo la sensación de que aquí se habla de genocidio de una forma más abierta que en otros lugares de Europa. Y eso tiene que ver con la movilización popular. No es solo una cuestión de academia o de élite intelectual: ha habido un tejido asociativo, colectivos, movimientos sociales que han puesto el genocidio sobre la mesa como categoría política.
También creo que existen vínculos históricos entre sectores de la sociedad catalana y la palestina. Hay mucha gente que ha estado allí, que tiene contactos, que ha trabajado en proyectos en el territorio. Todo eso construye una forma de solidaridad muy concreta.
Al mismo tiempo, si miras otros lugares, como Inglaterra, ha habido algunas de las movilizaciones más grandes de Europa en Londres, pero la desconexión entre lo que hace el gobierno y lo que piensa la sociedad es enorme. Hay una diáspora palestina muy importante, protestas masivas, y un gobierno que se limita a seguir la línea de Estados Unidos.
En este escenario, ¿cómo valoras el papel de Pedro Sánchez y del Gobierno español? Porque, en el relato internacional, España ha querido proyectar una imagen de voz “valiente” o diferencial dentro de la Unión Europea.
El posicionamiento de Pedro Sánchez tiene un componente estratégico claro: situarse como una voz progresista dentro de Europa. Pero si miras los hechos concretos, a la hora de hablar de sanciones, de medidas materiales o de un apoyo efectivo a iniciativas como la flotilla, el Gobierno español ha llegado tarde y con mucha ambigüedad.
Al final, cuando ha habido suficiente presión popular, ha hecho algunos movimientos, pero en muchos momentos clave se ha retirado. Y si pensamos en otros casos, como el Sáhara Occidental, el cambio de posición respecto a Marruecos y la caída de la ministra de Exteriores muestran hasta qué punto la política exterior española se juega en un marco de pactos geopolíticos que no siempre pasan por el respeto al derecho internacional.
En el libro se afina mucho el sentido de conceptos que suelen circular de manera confusa en el debate público: sionismo, Nakba, apartheid, genocidio… ¿Podrías explicar qué significa exactamente la Nakba para el pueblo palestino y qué relación estructural mantiene con el sionismo?
El segundo texto del libro es una entrevista con el jurista palestino Rabea Eghbariah, que trabaja la Nakba como noción legal. Él explica que la Nakba es mucho más que el momento de 1948, en el que se desplaza a unas 750.000 personas y se destruyen unos 500 pueblos. La Nakba es también la estructura social y política que fragmenta la sociedad palestina.
Esto se ve en la diversidad de estatus legales y territoriales: no es lo mismo ser palestino dentro de Israel (la Palestina del 48) que serlo en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este o en la diáspora. Cada grupo tiene unos derechos distintos y vive bajo regímenes legales diferentes. Esta fragmentación tiene como objetivo dificultar, o directamente impedir, el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Lo que propone Ayari es que la Nakba debería estar reconocida como un crimen en el marco internacional, del mismo modo que lo están el apartheid o el genocidio. Porque solo la Nakba permite explicar la totalidad de la condición palestina: hay momentos de ocupación militar, hay momentos de apartheid y hay fases de genocidio, como la que vemos en Gaza.
La Nakba es, por decirlo así, la cara B del sionismo. No podemos entender la construcción del Estado de Israel como Estado-nación sin entender que se ha construido sobre el desplazamiento y la desposesión del pueblo palestino. Del mismo modo que no podemos entender el Holocausto sin entender la ideología nazi, tampoco podemos entender el proyecto sionista sin entender la Nakba.
Este debate conecta con una cuestión clásica dentro del pensamiento crítico: ¿el derecho internacional es, inevitablemente, un instrumento del poder hegemónico o todavía puede ser un espacio de disputa, resignificación y lucha política?
Cuando se redacta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en 1948, Raphael Lemkin ya había entendido el genocidio a través de los procesos coloniales, y insistía en que no se trataba solo del exterminio físico o biológico de un pueblo, sino también de su destrucción cultural, social y política. Esa parte quedó prácticamente fuera del texto final porque las potencias coloniales europeas no tenían ningún interés en abrir esa puerta.
Si miras la historia de los casos de genocidio que han llegado a la Corte Internacional de Justicia, la mayoría han sido impulsados por países europeos u occidentales, когда les ha convenido. El caso de Palestina es distinto: es Sudáfrica quien toma este marco y dice: “esto no puede ser solo una herramienta de Occidente, nosotros también podemos utilizarla”.
En estos últimos dos años todos hemos visto la decepción con el derecho internacional, porque el genocidio continúa en marcha. Pero al mismo tiempo, si abandonamos completamente este terreno, lo dejamos en manos de quienes quieren utilizarlo solo a su favor. Por eso, para mí, la respuesta es que hay que luchar en todos los frentes.
A menudo se habla de nuestro tiempo como una era de posverdad, en la que se desconfía no solo de la información, sino de los propios mecanismos que la producen. ¿Cómo trabajáis vosotros, metodológicamente, con imágenes, redes sociales y satélites? ¿Cómo se construye la “verdad” en este contexto?
Estamos en un momento en el que se ha perdido la confianza en la verdad. No solo porque circulan mentiras y desinformación, sino porque muchas de las instituciones que en algún momento habían tenido una cierta credibilidad también la han perdido.
La pregunta que nos hacemos es: ¿qué hacemos en esta situación? ¿Abandonamos la verdad como paradigma y decimos que nada es cierto? ¿O más bien nos preguntamos cómo se construye la verdad, quién la construye y a quién beneficia?
Nosotros optamos por la segunda vía. Trabajamos con vídeos e imágenes de redes sociales, con imágenes de satélite, con testimonios orales. Una imagen sola, hoy en día, tiene muy poco valor: se puede manipular, descontextualizar, fabricar. Pero si la pones en relación con otras imágenes, con un modelo digital del lugar desde donde se ha tomado, con testimonios de personas que estuvieron allí, empiezas a construir un relato verificable.
La verdad no es un objeto que se encuentra, sino algo que emerge de una composición de fuentes. Y el proceso tiene que ser abierto y cuestionable: la gente tiene que poder ver cómo se ha construido, interrogarlo, disputarlo.
Conocemos el papel de Estados Unidos como principal apoyo político y militar de Israel, pero se habla menos de los mecanismos aparentemente secundarios: fundaciones, ayudas, ONG, reconstrucción. ¿Qué papel real juegan instituciones como la ONU o ciertas agencias humanitarias en la gestión de lo que ocurre en Gaza?
Nosotros hablamos de “violencia humanitaria”. La llamamos humanitarismo, pero al final sirve para ejercer violencia y control. En los últimos dos años hemos visto cómo se ha ido desmantelando la red local de distribución de ayuda humanitaria. Primero con la destrucción de panaderías, luego con la destrucción de refugios a los que llegaba la ayuda, más tarde con el corredor de Netzarim, que parte Gaza en dos y en el que los checkpoints impiden el paso de camiones. La gente que va a buscar ayuda es atacada. Se ha asesinado a trabajadores humanitarios, se han destruido centros de distribución y cocinas populares, se han ilegalizado ONG locales.
Todo esto desmantela un sistema local de distribución de ayuda que, en realidad, es también un sistema local de soberanía: en una crisis humanitaria, quien controla la ayuda controla el territorio. Por eso se ha destruido la red local y se ha impuesto otra externa, controlada por Israel y respaldada por Estados Unidos. Esto apunta claramente a la voluntad de sustituir la soberanía en Gaza.
Y eso es previo al genocidio…
Sí, eso no empieza en 2023. Antes de octubre de 2023 ya existía un control casi total sobre lo que entraba y lo que salía. Se calculaban literalmente las calorías que entraban en Gaza. Después de la guerra de 2014 se controlaba la cantidad de cemento permitida para reconstruir. El órgano gestor de ese control era la ONU: a petición de Israel, la ONU distribuía el cemento y decidía cuánta cantidad podía entrar, con el argumento de que se podían construir túneles.
Este cálculo milimétrico sobre las condiciones de vida genera una imposibilidad de desarrollar una vida con normalidad, más allá del bloqueo del movimiento. Es una forma de control político ejercido con el lenguaje de la ayuda.
De las sociedades disciplinarias foucaultianas asociadas al panóptico, a las sociedades de control descritas por Deleuze, vosotros habláis de un paso más: las “sociedades de objetivos”. ¿Podrías explicar este concepto?
Aquí retomamos el trabajo de Grégoire Chamayou, que hace una genealogía de las tecnologías que registran nuestros patrones de vida. En la sociedad disciplinaria tienes espacios cerrados donde se observa —la prisión, la escuela, la fábrica— y la disciplina funciona a través de esas instituciones.
En la sociedad de control tienes mecanismos difusos: modificas tu comportamiento porque sabes que hay cámaras, dispositivos, sistemas de vigilancia. Ya no hace falta una institución cerrada, el control es disperso.
La sociedad de objetivos añade una capa más: la forma en que te mueves, cómo actúas, qué consumes, con quién te relacionas, todo eso se registra constantemente. A partir de esos registros se construye una línea de normalidad, una expectativa de lo que es “normal”. Todo lo que se desvía de esa norma se convierte en un “objetivo” que debe ser corregido, neutralizado o, en un contexto bélico, eliminado.
Ya no hablamos de una normalidad estadística fija, sino de una normalidad que se reconstituye permanentemente a medida que cambian los patrones de la sociedad. Eso es lo que vemos en Gaza y, antes, en Jerusalén: un uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial para identificar como “potenciales terroristas” a personas que, simplemente, se desvían de la conducta esperada.
Cualquier acto de soberanía o de autoorganización colectiva —desde una protesta hasta una cocina comunitaria— puede ser leído como una desviación y, por tanto, como un objetivo. De ahí surgen las listas automatizadas de personas a eliminar: periodistas, médicos, trabajadores humanitarios, líderes comunitarios… Todas ellas personas con un papel clave en el mantenimiento de la vida social.
Para Israel, la expectativa de “normalidad” es la ocupación permanente de Palestina. Todo lo que la cuestione es clasificado como anormal y, por tanto, como una amenaza.
En este marco, ¿qué significa exactamente “terrorismo” para Israel? Porque esta palabra funciona casi como una categoría totalizadora.
Israel comienza a utilizar el término “terrorismo” para caracterizar la resistencia palestina ya en los años 1920, durante el mandato británico. A nivel legal, hereda muchas de las leyes coloniales que criminalizan a la población que resiste la ocupación. Después de 2001, con la “guerra contra el terror”, este lenguaje se globaliza y se normaliza. Todo aquello que se opone a la ocupación —una resistencia armada, pero también una manifestación pacífica, una campaña de boicot, una protesta en la frontera— puede ser etiquetado como terrorismo.
Pensemos en las grandes protestas de 2018–2019 en la valla de Gaza: eran marchas en las que la gente reclamaba el derecho al retorno y el fin del bloqueo. Israel respondió con francotiradores, mutilaciones y muertes. O en el hecho de que curar a heridos ya sea considerado un acto de resistencia y, por tanto, sospechoso.
Un ejemplo muy claro es el de las órdenes de evacuación. Cuando Israel divide Gaza en cientos de bloques y reparte panfletos, dice: “toda persona que permanezca en esta zona será considerada miembro de una organización terrorista”. Hay muchas razones para no evacuar: no puedes físicamente, tienes personas a tu cargo, ya has evacuado muchas veces y sabes que eso no te lleva a ningún lugar seguro, o simplemente no quieres abandonar tu tierra.
Convertir la presencia física en una prueba de intencionalidad es muy fuerte. Estás transformando una condición espacial —estar allí, quedarse— en una condena moral y legal. Si estás allí, eres terrorista. Eso permite legitimar prácticamente cualquier ataque.
Y para terminar, me gustaría preguntarte por el papel de la inteligencia artificial en este sistema de clasificación, vigilancia y eliminación de objetivos en Gaza.
El ejército israelí presenta la inteligencia artificial como una herramienta de precisión. Dicen: “ahora tenemos una dirección para cada bomba que lanzamos, podemos generar objetivos más rápido de lo que podemos bombardearlos”. Esto revela una lógica de aceleración y de industrialización de la muerte.
Después está lo que han revelado algunos periodistas que han hablado con miembros del ejército, como Yuval Abraham, que explica cómo funcionan sistemas como Lavender o Gospel. Por ejemplo, asignan una probabilidad —un valor entre 1 y 100— de pertenencia a una organización armada a prácticamente toda la población masculina adulta. Lo más importante es que no existe el valor cero: no hay presunción de inocencia. Todo el mundo es potencialmente culpable.
La tercera capa es la que trabajamos nosotros, la forense: interrogar estos sistemas no a partir de su código —al que no tenemos acceso— sino a partir de su huella en el territorio. A través de la reconstrucción de la campaña de bombardeos de octubre de 2023, con vídeos e imágenes de satélite, hemos visto que las zonas residenciales son bombardeadas mucho más de noche que de día, cuando hay más gente en casa, y que las zonas comerciales son bombardeadas más de día.
¿Qué nos dice eso sobre el sistema de IA que, supuestamente, debería evitar daños a civiles? Lo que vemos es que se utiliza para maximizar el número de muertes civiles, no para minimizarlas. La retórica de la “precisión” es una coartada.
Esto también tiene una función narrativa interna: si puedes decir a tu población que tienes 40.000 nuevos objetivos militares en Gaza —el mismo número que hace dos años—, justificas la continuidad indefinida de la guerra. Si después de devastar el territorio, matar a decenas de miles de personas y destruir buena parte de la infraestructura, sigues teniendo el mismo número de “objetivos”, el mensaje implícito es que la guerra no puede acabar.
